La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Rio+20, comenzó el 13 de junio en Rio de Janeiro con varias advertencias de la sociedad civil mundial sobre el riesgo de que la economía verde se convierta en la justificación de la mercantilización de la naturaleza, en beneficio de las grandes corporaciones internacionales.
La crítica de la economía verde es también uno de los principales focos de atención de la Cumbre de los Pueblos que tiene lugar entre el 15 y el 23 de junio, una serie de eventos paralelos a la cumbre oficial protagonizados por organizaciones sociales de todo el mundo.
La economía verde, en el contexto del desarrollo sostenible y la superación de la pobreza, es uno de los dos temas centrales de Rio+20 junto a la búsqueda de una nueva gobernanza, para hacer frente a los numerosos desafíos globales como el calentamiento global, la devastación de la biodiversidad y la erradicación de la miseria que aún afecta a cerca de un millardo de personas. El documento que prácticamente abrió el debate mundial sobre la economía verde es el “Nuevo Acuerdo Verde Global” (Global Green New Deal), lanzado en el 2008 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Después de hacer una referencia al New Deal, la política lanzada por el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt para combatir la Gran Depresión de las primeras décadas del siglo XX, el PNUMA señala que la idea del Nuevo Acuerdo Verde Global sería, en función de las múltiples crisis globales en curso, buscar un conjunto de medidas de estímulo y políticas públicas dirigidas a “producir la recuperación económica global en el corto plazo y al mismo tiempo sentar las bases para un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo”.
Nuevo acuerdo verde
El PNUMA argumenta en el documento que la inversión de 1% del producto interno bruto mundial, aproximadamente US$750 millardos, en cinco sectores claves sería suficiente para la construcción del Nuevo Acuerdo Verde Global, y reorientar la economía mundial en el sentido de aumentar la oferta de empleos y, al mismo tiempo, intensificar los esfuerzos contra el cambio climático y la degradación ambiental y por la superación de la pobreza.
Edificaciones con eficiencia energética, aumento de la energía renovable, transporte sostenible, inversión en agua dulce e infraestructura ecológica y agricultura sostenible serían las áreas clave para la estructuración de una economía verde, sostiene el PNUMA.
Para las organizaciones de la sociedad civil, hay una transición brusca desde el discurso del desarrollo sostenible, consolidado en la Conferencia Rio-92, basado en el trípode economía-ambiente-sociedad, hacia el discurso de la economía verde y también del crecimiento verde. El nuevo discurso se caracteriza “por el sometimiento de las cuestiones políticas, sociales y ambientales exclusivamente a la lógica económica”, afirma Camila Moreno, coordinadora de sostenibilidad de la representación brasileña de la Fundación Heinrich Böll.
Esta es una de las organizaciones no gubernamentales que participan en varias actividades en la Cumbre de los Pueblos, dirigidas a cuestionar la economía verde y la búsqueda de alternativas a lo que Moreno cree que es el “nuevo discurso hegemónico”.
Uno de los aspectos preocupantes de la economía verde, señala Moreno, es, a partir de la nueva racionalidad económica, la transformación en mecanismo de mercado de lo que debería ser un derecho de todos. Cita el caso del debate sobre el nuevo Código Forestal en Brasil: “Los grandes propietarios de tierras, en lugar de cumplir con la ley, ahora exigen que se les pague, que se les dé incentivos para no deforestar. Es una clara inversión de los valores, que vemos también en otros sectores”, advierte.
De forma asociada con ese discurso está la “metrificación de los recursos naturales”, su cuantificación como nuevo objeto de lucro. “Las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial ya están divulgando métricas y ecuaciones para poner precio a todo. Y ese discurso también se ha fortalecido en el mundo académico”, dice Moreno.
Derechos que no se negocian
La resistencia a poner precios a la naturaleza, la transformación de los recursos naturales en mercancía, es de hecho la marca de muchos eventos y manifestaciones en la Cumbre de los Pueblos y en Rio+20.
“Despertando al soñador, cambiando el sueño: Vivir más allá de la guerra”, por ejemplo, fue el título del evento promovido por la Alianza Pachamama, en colaboración con Beyond War y Rights of Mother Earth, en la apertura de la programación paralela a Rio+20, el 13 de junio. La Alianza Pachamama defiende los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza y apoya, como propuesta para Rio+20, los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, formulada en el 2010, en Cochabamba, Bolivia, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
“La Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y auto-regulada, de seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres que la componen. Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan de la misma fuente de existencia”, dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, fundamento de muchas acciones contra la mercantilización de la naturaleza, durante la Cumbre de los Pueblos y Rio+20.
Uno de los puntos centrales de la movilización de la sociedad civil es una reafirmación en Rio+20 del derecho humano al agua y al saneamiento. Este derecho, a partir de una propuesta de Bolivia, fue finalmente aprobado, después de mucha persistencia de los movimientos sociales, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio del 2010, con la abstención de 41 países, liderados por EEUU, Canadá y Reino Unido.
En las negociaciones previas a Rio+20, nuevamente surgieron resistencias de los países desarrollados a la mención del derecho humano al agua y al saneamiento en la declaración final de la conferencia. Organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de todo el mundo están actuando para que el derecho humano al agua y al saneamiento sea claramente reafirmado por los gobiernos en Rio+20.
“Es muy importante que este derecho sea reafirmado, para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento, bajo control social”, dice Silvio Marques, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Municipales de Saneamiento (ASSEMAE) de Brasil, una de las organizaciones más abocadas a la reiteración del derecho humano al agua en Rio+20 y la Cumbre de los Pueblos. El hecho de que cerca de 4,000 personas mueran en el mundo cada día por enfermedades transmitidas por el agua, en su mayoría niños, es el argumento principal para que el derecho humano al agua y al saneamiento sea ratificado de forma muy clara en Rio+20.
Equipo editorial