Por Fundación Solón

“Con la finalidad de brindar insumos para la denuncia de las corporaciones y su poder económico, la Fundación Solón, la Red por la Justicia Global en las Inversiones, el Centro para la Democracia, Transnational Institute, entre otras redes, organizaron la actividad Armas peligrosas: ¿Cómo las corporaciones transnacionales están usando las reglas de inversión internacional para socavar la justicia ambiental y social? “

Uno de los temas que tomó la agenda social en la cumbre de Río+20 fue la lucha contra las corporaciones expresada a través de la resistencia local en varias partes del mundo. En esta línea y con la finalidad de brindar insumos para la denuncia de las corporaciones y su poder económico, la Fundación Solón, la Red por la Justicia Global en las Inversiones, el Centro para la Democracia, Transnational Institute, entre otras redes, organizaron la actividad Armas peligrosas: ¿Cómo las corporaciones transnacionales están usando las reglas de inversión internacional para socavar la justicia ambiental y social?

Jim Shultz, del Centro para la Democracia- Bolivia, inició el evento indicando que a pesar de que las transnacionales han avanzado en la consolidación de su poder económico en los territorios del sur global, hay mucha resistencia popular y victorias que deben ser apoyadas y promovidas. Citó la ya conocida victoria frente a Bechtel en Cochabamba – Bolivia el 2000 en la Guerra del Agua; la valentía del gobierno uruguayo que en 2010 aprobó una ley que obligó a las empresas tabacaleras a cubrir el 80 % de cada lado de las cajetillas de cigarrillos con imágenes gráficas de los efectos peligrosos de fumar para la salud; y la reciente victoria del pueblo salvadoreño que obligó a su Estado a prohibir un proyecto minero de oro de la Pacific Rim.

Shultz al mismo tiempo señaló que las transnacionales se preparan rápidamente para el contraataque en los tribunales de inversiones, como el CIADI. Recordemos que Bechtel demandó al Estado boliviano 25 millones de $us por sus ganancias futuras; a El Salvador por más de $77 millones de dólares; y a Uruguay por 2.000 millones de dólares. Shultz terminó su intervención indicando que las transnacionales al defender sus inversiones en estos tribunales no solo amenazan al cuidado del medio ambiente, sino también a las políticas públicas soberanas de los Estados, poniendo en riesgo la misma democracia.

Elizabeth Peredo, de la Fundación Solón, señaló que a pesar de que en Río 92 se lanzó el desarrollo sostenible vinculando lo social, económico y ambiental, sus medidas no avanzaron tanto como los ajustes estructurales neoliberales promovidos por el Consenso de Washington aprobados dos años antes. “Es más, ahora estamos peor porque hemos sobrepasado los límites de la tierra, donde las áreas más afectadas son la biodiversidad, el clima y agua; y contrariamente vemos que se ha desarrollado un sistema efectivo de promoción y protección de las inversiones privadas”, recalcó Peredo.

Peredo también hizo énfasis en el actual poder de las corporaciones ya representan las primeras 40 economías más poderosas en el mundo, y que con la economía verde se les está entregando los recursos naturales para su devastación porque no consideran criterios económicos ni sociales. Señaló que incluso manejan información y criterios alejados de los criterios de sustentabilidad establecidos por la ciencia, es el caso de la Estrategia energética del Banco Mundial, cuyos análisis se basan en un escenario de contaminación muy alto (550 ppm) que nos conducirá a más 4 grados centígrados de calentamiento global.

María Elena Saludas, de ATTAC Argentina, indicó que es importante que nuestros países analicen el rol que desempeñan en el contexto de la economía global, ya que para lograr su bonanza económica acuden a la explotación de sus recursos naturales, recurriendo con mucho entusiasmo a la inversión extranjera directa, cayendo en el mito de que es la única forma de lograr el desarrollo, además pensándolo como crecimiento infinito, beneficiando y siguiendo las condiciones de las corporaciones, y cediendo soberanía para otorgar seguridad jurídica. Saludas además se refirió a la reciente estatización de YPF Repsol, indicó que se trató de un acto de soberanía aplaudido socialmente, pero que sin embargo es preciso contar con una estrategia clara para evitar los juicios mediante acciones previas como el retiro del CIADI y la denuncia de los tratados bilaterales de inversiones (TBIs)

A su turno, Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra – Uruguay, brindó a la audiencia algunos datos adicionales sobre el caso de Philip Morris. El Estado uruguayo limitó la publicidad (una sola presentación de la marca) con la finalidad de enfrentar un problema de salud pública ya que en 2004 el gasto público ascendió a 783 millones de dólares por enfermedades asociadas al tabaquismo. Las ganancias netas de esta empresa eran de 2.160 millones de $us, y su ganancia bruta de 18 millones de $us, casi la mitad del PIB de Uruguay, que alcanza a 48 millones de $us. La empresa inició el juicio a este país bajo el alegato de que se estaba atentando contra sus derechos de propiedad intelectual. Villarreal terminó su intervención alertando sobre los nuevos peligros con la economía verde ya que la definición de inversión es mucho más amplía, mismos que ya son protegidos por los TBIS, TLCs, Acuerdos de Asociación, etc.

A su turno Cecilia Olivet de TNI, en la parte de alternativas, resaltó la importancia de mantener una presión sistemática social organizada sobre cada uno de los gobiernos para que respeten los derechos de los pueblos y no se continúen firmando más TBIs, TLCs o Acuerdos comerciales que incluyan estos aspectos; y que los ya firmados no sean renegociados.

En el debate se indicó que es muy importante que todas las redes de organizaciones y plataformas sociales difundan este tipo de información. Se llamó a los países del mundo a seguir el ejemplo de Bolivia, Ecuador y Venezuela de retirarse del CIADI. Se denunció que las corporaciones mineras en varios países, como Perú, están amparadas por este tipo de acuerdos y que sus pueblos están en resistencia y enfrentamientos para hacer respetar sus derechos y de la Madre Tierra.

Entre algunas estrategias discutidas se señaló que es importante establecer alianzas con abogados comprometidos con esta causa social en diferentes áreas para avanzar en la defensa de los derechos de los pueblos y los Estados. También se aplaudió iniciativas como las que se están dando en UNASUR con la discusión de tribunales regionales y soberanos.

Otra estrategia sugerida fue identificar con nombre y apellido a las corporaciones, sus directores y ejecutivos, para promover campañas mediáticas de desprestigio público con la finalidad de obligarlas a desistir de las demandas a los Estados, como se hizo con Becthel.

Se recomendó a los países progresistas del ALBA a romper con la visión de que la inversión privada es desarrollo, y que por el contrario valoren la inversión pública. Se llamó a la sociedad a estar alerta y denunciar proyectos pintados verdes y exitosos, que en el fondo están relacionados con los biocombustibles, los bosques, entre otros, empeorando la situación ambiental en el planeta.

Este evento fue organizado por la Fundación Solón, la Red por la Justicia Global en las Inversiones, el Centro para la Democracia, Transnational Institute, Amigos de la Tierra Uruguay, ATTAC – Argentina; CADTM-AYNA (Comité Anulación Deuda Países del Tercer Mundo – Abya Yala – Nuestra América); y el Grupo de Trabajo sobre la Arquitectura económica internacional de la REBRIP; en donde participaron representantes de Uruguay, Argentina, Colombia, Filipinas, Ecuador, Perú, EEUU, Bolivia y Brasil, entre otros.

En este mismo tema, varias redes internacionales como la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, la CAOI, la CSA, organizaciones de África y Asia, entre otras, lanzaron la Campaña Global para desmantelar el poder corporativo que viene articulando acciones para avanzar en este desafío